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Han pasado cuatro semanas desde la publicación en el BOE de la Ley de Amnistía y parecía que el silencio reposaba sin delatar a sus guardianes. Pero, no. Falsa alarma. Ha comenzado la rebelión de los jueces españoles contra la Ley de Amnistía, con total impunidad. Como dice V. Partal (Vilaweb,12/06/2024) “Que el único condicionante laboral de obedecer la ley en todo momento – desobedecen la ley, Y no pasará nada, lo sabemos todos… La Amnistía no se aplicará sino de forma selectiva y a los que ellos quieran…” Que el Marchena y sus “comadrejas” están por encima de la Ley, pasándose por el arco de las togas, las reglas más básicas de la democracia.
¡Hagan juego señorías! Que las cartas se van poniendo bocarriba en el tablero político-judicial a ritmo del “mazo” judicial. Siguiendo la consigna que el “líder” de la manada lanzó en su día: “El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte”. Y poniendo la “malversación” como estandarte del “Aporellos”. Lo que diga la Ley, no sirve para nada, sólo lo que interpretan las “puñetas” es válido. Me refiero a las “puñetas” de lo Penal, que ese sí que está ”atado y bien atado”.
Como en Fuenteovejuna, emergen desde el fondo de sus togas para atacar por la parte que creen que el “delito de malversación” cumple las dos excepciones que señala la Ley de Amnistía: “Enriquecimiento personal y el riesgo para los intereses financieros de la UE”. Esto último es un contorsionismo judicial que se sale por la tangente. Porque desde que empezó el procés, el juicio, la sentencia y todos los artificios contra el independentismo, en ningún momento se había dicho, por parte de las “puñetas togadas” que las supuestas malversaciones afectaban a los intereses financieros de la UE. Que así los dijeron los fiscales del 1-O, que, aunque no se ha acreditado que el capital gastado procediera de los fondos europeos, eso es irrelevante para el objeto del proceso penal que se ventila. Porque si en la Ley dice algo al respecto es que hay algo que investigar. La propia fiscalía critica que, en la resolución, “el Supremo no respeta los hechos de su sentencia”.
Pero, ¡Bueno!, tampoco la rebelión era rebelión, y la sedición se fue por el desagüe penal. Y, ahora, sólo tienen la malversación para hacer saltar chispas a la Ley de Amnistía.
En cuanto a lo del enriquecimiento personal, es un tanto inexplicable, que Hacienda no se haya dado cuenta, y eso que miraba con lupa todo lo que hizo la Generalitat desde el momento de aplicar el 155. Que, hasta el mismo Montoro, levantó las cejas sorprendido y negó. Si, sí, negó, la malversación de 1,6 M€ en papeletas, urnas, sobres, observadores y spots publicitarios: “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público”, remachó. ”No con dinero público”, aseguró tajantemente, desmintiendo que existieran agujeros en el sistema de control del gasto que lideró Hacienda. Y eso lo dijo hasta la prensa del trio de la bencina. Pero, parece ser que el informe que la Benemérita entregó al tal Llarena llevaba otra contabilidad más opaca, u otras intenciones, que se sabe que aquellos informes no llevaban comprobación efectiva de donde fue el dinero, y que al final acabaron no siendo reales. Todo ello, al Tribunal Supremo de lo Penal y acólitos le importó un rábano, sin hojas, y se emborracharon con dicho informe. Y mirando el retrovisor de la maldita hemeroteca, nos encontramos que el mismo Llarena, juez instructor del Supremo, se negó a que el tribunal alemán, Schweslig Holstein, le entregara a Puigdemont por “malversación” porque en aquella época estaba obsesionado por la rebelión. ¡Hay que joderse!
Muy oportuna, Ana Pardo (PÚBLICO. 02/07/2024), se pregunta “que harían los magistrados Marchena y Llarena con la medalla que José María Aznar compró por 1,6M€ (2 M dólares) a EE.UU. en diciembre de 2003” antes de las elecciones de 2004, a través de un lobi, medalla de oro del Congreso que al final no se la concedieron, aunque el gasto fue con dinero público. ¡Mejor no hurgar en la hemeroteca, Ana, que el fango reboza las alas de la gaviota y sus sacristanes!
La cuestión es que el pasado lunes, 29 de junio, coincidieron todas las picas sin cruceta en el lomo independentista, como si el sonido del clarín fuera el inicio de guerra de guerrillas, que desde hace un tiempo se viene anunciando por las esferas judiciales y políticas de la derecha.
El TS rechaza eliminar la malversación que afecta a: Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva y Dolors Bassa. Saltándose, descaradamente la voluntad del legislador. “No hay ley que no se pueda tirar adelante si la justicia no está de acuerdo” “El Supremo lo ha dejado ostensiblemente claro: acordad lo que queráis que, al final, la decisión será mía” (JAntich. ElNacional. 03/07/24).
Llarena, instructor de la causa, no admite dejar sin efecto las órdenes de detención contra Puigdemont, Comin, Puig y Marta Rovira. Lo que diga la Ley sobre decaer de forma inmediata las medidas cautelares, pasan a mejor gloria.
De camino, para que la cosa se líe un poco más, acuerda hacer una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia. A lo cual, tanto la abogacía del Estado, como el Constitucional le piden que se aclare sobre la cuestión de inconstitucionalidad, lo mismo que la fiscalía reclama a Llarena y que se cumpla la Ley”.
Carme Forcadell, dice que es “Una prueba más de la venganza de los jueces del Supremo contra el independentismo”. Dolors Bassa, señala que “los jueces hacen política”. El President del Parlament; Josep Rull, tilda de “nueva infamia de la cúpula judicial española que se otorga un rol político impropio en un estado de derecho”. Y Carles Puigdemont ha ido más lejos, tratando de mafiosos a los jueces del proceso, utilizando el conocido nombre siciliano: “La Toga Nostra”.
Es importante el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, en la resolución del Supremo, una voz discrepante, les recuerda a sus “compañeros de Sala que: “No hay enriquecimiento personal por parte de los condenados que haya sido probado, ni siquiera recogido, en el sumario del procés que impida aplicarles la Ley de Amnistía. “
Jordi BARBETA (El Nacional Cat. 07/07/2024) en un artículo interesante titulado “El Poder ya no tiene Vergüenza”, simplifica el asunto: “Las arbitrariedades de los poderes han llegado a una nueva normalidad contraria a los principios democráticos. Las injusticias y los abusos de los poderes han existido siempre. Lo que ha cambiado es que ya ninguno tiene vergüenza de nada”: “Queda lejos el tiempo en que, al menos, se guardaban las formas. Los gobernantes, los jueces eran gente de prestigio. Ahora la gobernanza ha quedado como un simulacro de servicio público que se utiliza como coartada de una voracidad insaciable de poder”.
Si a esto se le añade las declaraciones del exletrado del Constitucional, Joaquín Urías: “el Supremo sólo amnistiará a Puigdemont cuando el PP necesite, aritméticamente, a Junts per Catalunya para gobernar España”. Miel sobre hojuelas. Y continúa diciendo que: “los jueces del Supremo están convencidos de que su faena es salvar España y que su función implica reinterpretar las leyes de la manera más conveniente a su ideal de España y relación con el Independentismo”. “Y vista la trayectoria del Supremo, podemos asumir que este tribunal volvería a hacer ingeniería creativa”.
Aquí lo dejo por ahora.
Bajo la forma de propuesta para el próximo XIV congreso del PSC, entra en el tablero de juego de la investidura la flexibilización de la inmersión lingüística, como si la cosa pasara por allí sin importancia, pero dando una vuelta de tuerca más al embrollo de la negociación.
Utilizar la palabra democracia es poner en solfa, todo lo que transcurre desde la “Ley de punto final” (Ley de Amnistía de octubre de 1977, preconstitucional), o lo que es lo mismo. Desde que la “Spain is different” se quiso subir al tren del europeísmo, por la ventanilla, sin darse cuenta que era el vagón de cola con un farolillo rojo en el culo. Pero, “a lo hecho pecho” dijeron los partidos políticos de turno que miraban el poder con la mano de visera para no salir ciegos del embate. Y es que salir de una dictadura, sin cursillos de preparación, dejaría, con el tiempo, mucho que desear.
Cuando el “estado de alarma” sale del consejo de ministros con defectos, y a la española, es decir, dejando fisuras para que el virus se pasee de un lado a otro sin barreras que impidan su difusión, es que el asunto se va de las manos, o que nunca se ha tenido al alcance de las manos. Las contradicciones están formando parte del escenario pandémico.