LAWFARE: La guerra sucia contra el oponente político

El anglicismo “LAWFARE” es el vocablo que se nos ha metido en medio del discurso político, durante el acuerdo de PSOE y JUNTS por la investidura de Pedro Sánchez, con respecto al debate de la Amnistía. Un concepto que tira por tierra lo de la separación de poderes y deja a Montesquieu a los pies de los caballos. Nuestra “plena democracia” queda de perfil ante el significado de democracia europea, cuando se actúa con tanta impunidad manipulando la judicatura por parte de los poderes políticos. Y por culpa de unas “cuantas puñetas” que se mueve en los círculos de poder judicial y anexos, pagando justos por pecadores y los mas de 5300 jueces que llegan a la judicatura por méritos propios, entran en el mismo saco de “perversidad”, por la defensa de la “unidad de España”, convirtiéndola en “unagrandeylibre”. No sólo los jueces, también forman parte de este “negocio judicial”: políticos, policía (patriótica o no), militares, fiscales, prensa afín, ya sea escrita, radiofónica o televisiva, por no hablar de la Iglesia, bendiciendo estas operaciones desde sus púlpitos financiados por el erario público. Cuando se trata de derribar al contrario político, todo vale, y en estos momentos es la derecha fracasada de unas elecciones la que deja caer la máscara, que hasta ahora le tapaba la catadura.

El significado es algo así como: “Guerra jurídica”. Combinación de dos palabras de la lengua inglesa: Law (ley, derecho) y Warfare (guerra, conflicto).

Uso perverso de las leyes y procedimientos legales con fines de persecución política, con tácticas y características específicas. (1)

Usar el derecho y los procesos jurídicos para combatir al adversario político. Para inmovilizarlo políticamente. O, destituirlo, si ocupa cargo público. Según Patricia MORENO (03/12/2021), es un sistema judicial que se manipula con fines partidistas. Un arma política para contiendas por vía judicial.

• Manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas.
• Influir y sembrar confusión entre la opinión pública.
• Bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos.

Nora RODRIGUEZ (18/01/2023), dice que es una persecución judicial, en la que se instrumentaliza la justicia para utilizarla de forma abusiva o ilegal, todo ello, bajo la apariencia de legalidad, retorciendo el sistema jurídico y sus herramientas, con el apoyo de jueces y mandos policiales, para hacer caer a los oponentes políticos. Y hace referencia al sistema judicial y a las propias instituciones estatales, porque hubo una Transición sin depuración de los ámbitos judiciales (recordemos que la Audiencia Nacional, fue el antiguo Tribunal de Orden Público, al que sólo sele cambió el nombre) y policial, quedando los órganos judiciales conservadores y con una brecha importante en el acceso a la judicatura.

1. Carlos ABREU, en su blogrevistaderecho, va más allá y la señala como la estrategia de usar o abusar de la ley, como sustituto de los medios militares tradicionales para lograr objetivo operacional. Cuyos fines, son: Persecución política. Destrucción de imagen pública e inhabilitación del adversario político. donde la cobertura mediática es esencial para presionar al “acusado” y su entorno cercano, incluido el familiar, para hacerlo más vulnerable a las acusaciones sin prueba. Hace una observación interesante, señalando, que “pueden abusar los operadores políticos de cualquier ideología, pero con el poder capaz y suficiente para hacerlo.

Arantxa TIRADO, Hablando del lawfare, en América Latina y el Caribe dice, que “Para cambiar la correlación de fuerzas ha entrado en escena el “lawfare” o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho, por el que se socava el poder, la imagen y las posibilidades de reelección de los líderes de izquierda”.

J.A. MARTÍN PALLÍN, en su libro: “La guerra de los jueces: El proceso judicial como arma política” (2022), nos habla de que en la judicialización de las contiendas políticas concurren dos factores:

1. a) la iniciativa de los partidos políticos que deciden instrumentalizar la actividad judicial con denuncias, querellas o demandas, y
2. b) la excesiva receptividad de estas pretensiones en algunas sedes judiciales, que no ponen coto a su viabilidad, admitiéndolas a trámite cuando son, a todas luces, injustificables.

 La persecución judicial permite obtener diversos resultados:

• Detener indebidamente a los adversarios políticos,
• Paralizar financieramente sus actividades y
• Desprestigiar a los oponentes hasta debilitar o deponer gobiernos.

Una “guerra judicial que se le suele denominar·golpe de Estado blando”. Sin utilizar las fuerzas militares, y con la presencia de los medios de comunicación afines. Y suele ir acompañada de una presión mediática que traslada el campo del debate a toda la sociedad.

La intromisión judicial en las actividades y competencias de las Cortes Generales y de los Parlamentos autonómicos constituye un grave atentado contra la soberanía nacional

-Reportaje: “La defensa de Lula dice que Lava Jato utiliza las leyes como ‘arma de guerra’ para desmoralizar al enemigo”.