Los togados levantan airadas sus puñetas ante la UE
“¡Cuan largo me lo fiais, amigo Sancho!”, diría el sufrido Alonso Quijano si levantara la cabeza, desde su tumba literaria. Y es que 35 años, que se dice pronto, han tardado los jueces en levantar sus puñetas al aire para reclamar “justicia”. En casa del herrero cuchara de palo.
Se veía venir, de tanto ir el cántaro a la fuente… Y los jueces no podían más. El granito de arroz en el zapato se ha convertido en un garbanzo y eso jode una barbaridad. Se sienten tratados como piezas de un puzle político donde el valor se mide por la fidelidad política, en un sector donde la “independencia” debería ser como el juramento hipocrático, aunque en los últimos tiempos esa independencia, a ojos del ciudadano, deja mucho que desear. La línea divisoria entre la política y la justicia se ha diluido como un azucarillo. Y al final se han dado un tiro en el pie.
Y es que lo de politizar la justicia tiene su alternancia en judicializar la política. Y al final, queda en que, o jugamos todos o se rompe la baraja. Pero todo ello, fuera del control institucional. O, con la connivencia del mismo.
Esta vez no ha sido Llarena, el del TS, ni Marchena, de la misma cuerda, sino tres asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y el Foro Judicial Independiente, que aglutinan alrededor de 2.500 jueces españoles.
Por lo pronto, han dirigido un escrito a la Comisión Europea, solicitando que adopten ciertas medidas al considerar un ”riesgo de violación grave del estado de derecho, porque algunas reformas legislativas pueden afectar a su “independencia” y, citan el art. 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Nunca es tarde si la dicha es buena. Y el artículo se las trae, porque puede sancionar a un Estado miembro de la UE. Lo siento, pero yo no creo que se llegue a tanto y más considerando, por mi parte, que es un club donde se intercambian cromos de poder, o favoritismos, que viene a ser lo mismo. Y que están escurriendo el bulto, con la colectilla de que “no pueden interferir la política interior del Estado denunciado”, o algo así.
Parece ser, que las citadas reformas legislativas en marcha, le tocan al talón de Aquiles del Poder Judicial y, después de 35 años de bailar la misma pieza, ahora piden “que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE”. ¡Vamos! Que lo que ha jodido el panorama es que el Pablo Gaviota, el de los Másteres y sus “cuates” sigan bloqueando los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, caducado hace dos años, pero no ha habido tiempo para denunciar esa situación.
Ni siquiera la ética profesional les ha reconcomido la conciencia para que renuncien a sus cargos, por haber caducado y estar fuera de norma. Y como el bloqueo sigue y, el gobierno más “progresista” está atascado, ha decidido quitarle las telarañas al sistema judicial, dándole un retoque a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que dejará a su “poder”, como pollo sin cabeza, al pie de los “caballos” elegidos por los ciudadanos en votación legal. Una forma de arreglar las parcelas de poder que siempre están del mismo bando. Y como el Pablo, Pablito, Pableras, tiene la pelota en su tejado, y no se apea del burro. Pues ahí te las den todas.
A mí me sorprende el escrito de denuncia de los jueces más “liberales” porque, aparte de que sólo tocan una temática relacionada con el CGPJ, que aireen lo que la mayoría de la gente sabe, dejando en el “cuarto oscuro” del olvido, las “corruptelas” que hay del poder judicial al invadir terrenos políticos, porque los políticos son incapaces de solucionar sus problemas. Y sacan a relucir temas como:
Reconocer que “desde hace más de 35 años no se cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa”, para que puedan elegir entre ellos a sus vocales en el CGPJ, en lugar de dejarlo al “libre albedrío” de las Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado) y la aprobación por mayoría de 3/5. Es decir, la cosa tiene que estar que arde para sacar la basura a la puerta y dejarla a la vista. Que esas cosas de la democracia siguen sin encontrar encaje en los sectores “gremiales”.
Por otro lado, a mi manera de ver, es que señalan al Tribunal Constitucional como avalador del sistema, pero con matices para quitarse el muerto de encima. Porque si no recuerdo mal, este TC tenía una función meramente consultiva sobre la Carta Magna, según la misma, hasta que esas mismas Cámaras le dieron el “poder” de sancionar y ejecutar las sanciones, algo que según creo está fuera de la Constitución. Pero cada uno arrima la ascua a su sardina. Y la Inquisición nunca ha perdido su poder en la sombra. Ahora le llaman “Deep State”.
Utilizan conceptos, como: “ley de apagón o desapoderamiento del CGPJ o sumisión del poder judicial al Gobierno” para señalar que está en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, fundamentales en nuestra Unión Europea. Un párrafo copiado del art. 2 del Tratado señalado.
Pero no señalan las collejas que el Estado se lleva desde las diversas organizaciones de Derechos Humanos de la ONU, o del mismo Tribunal Judicial Europeo de Derechos Humanos. Collejas que responden a mala praxis judicial. Es decir, a ellos mismos.
También, echo de menos referencias a actuaciones de Tribunales Superiores (TS, AN, TC) usurpando las funciones del juez natural, reconocido en la Constitución, pero eso no tiene importancia comparado con la pérdida de poder de los jueces ante el “colega” poder político. Es que lo de interferir el terreno político tiene un “marchamo” de calidad. Algo así, como meterse un “chute” de adrenalina política en los canalillos de las “puñetas”
Y no quisiera hablar de la guerra interna dentro del Tribunal Constitucional, que la cosa está que arde, cuando tienen que deliberar sobre los recursos de los presos políticos, por el “procés” del Primero de Octubre del 2017. Que hay algunos con manchas importantes en sus expedientes. Ya sea por los vínculos “estrechos” con el exministro de la cosa oscura, un tal Zoido del PP, el de los Bolardos, o por descalificaciones contra el nacionalismo catalán, etc., que ponen la prevaricación en la cuerda floja al tener “supuestamente” bloqueados los recursos de presos políticos. Y ¿Cómo puede mostrar unanimidad, parcialidad y limpieza en la causa contra el independentismo, un tribunal tan politizado?
Y tampoco voy hablar de los jueces vinculados al OPUS, al PP, o a las FAES. Uno de ellos calificó de “supremacista” la defensa del derecho civil catalán, otro que se opuso a la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Y esto sólo es relativo al TC, que, si seguimos tirando de hemeroteca, nos quedamos sin togas para tapar tanta “inmoralidad. judicial”.
Y ampliando el abanico de cosas que quedan en el tintero y no salen a la luz del escrito, es la responsabilidad de la judicatura para que, la Comisión Europea en el informe de septiembre (2020), criticara el bloqueo a la renovación de la cúpula judicial en España, cuestionara el nombramiento de la Fiscalía General del Estado, que es lo único que miran las asociaciones citadas, señalaba el peligro de la protección de la libertad de expresión por la Ley Mordaza, la duración de los procedimientos judiciales, y no señalo los que hay contra el independentismo, que eso es de “juzgado de guardia”, y otras cosas más. Pero esto no les afecta mucho. Sólo lo relativo a su gremialismo.
La reflexión del día. Mientras no se demuestre lo contrario, seguiré desconfiando de los tribunales de justicia escondidos tras el poder, donde la línea que separa las injerencias políticas y viceversa es tan fina que, la división de poderes del Estado, según un tal Montesquieu, se queda compuesta y sin novio.