Un acuerdo de claridad, turbio, turbio, turbio
Que dice un tal Aragonés, que como no tiene claro eso de ir a la In-de-pen-den-ci-a, con la mochila vacía que va a lanzar un órdago, algo así como una “fake new”, que llamará “Acord de Claredat”, que suena chanchi-piruli, y a ver que sale de la chistera, porque lo que es claridad no la veo por ningún lado.
Para entendernos, lo de acuerdo de Claridad, o Ley de Claridad (Clarity Act), es algo que ocurrió en el Pleistoceno político de Canadá, el país de la hoja de arce, a caballo entre el siglo XX y el XXI, una ley federal que aprobó el parlamento, con algunas trampas entre su entramado articulado, para mantener a los independentistas de Quebec entretenidos deshilachando la madeja del proceso hasta que las ranas críen pelos. Una ley donde no consultaron a los interesados del proceso, los independentistas, y que daba entrada a todos los canadienses para que decidieran sobre la autodeterminación de una parte del territorio. Lo mismo que aquí dicen los constitucionalistas, en el caso de que se “autorizara” una votación para la “posible” independencia de Cataluña. Hay otras trampas entre líneas que hacen imposible llegar a un acuerdo, pero lo que resalta de esta ley, es que está hecha por una parte para controlar a la otra. Quien hace la ley, hace la trampa.
En Quebec, en el Referéndum del 1980, el resultado fue favorable para el NO con un 59,56%, mientras que el SI tuvo el 40,5% de los votos emitidos. Una estrepitosa derrota para el Partido Quebequés (PQ) que no desistió y siguió la lucha por la independencia.
En 1995 volvieron a convocar referéndum, con nueva estrategia, la de utilizar el concepto de “soberanía” en lugar del de “independencia”. Esta vez, el gobierno de Quebec, perdió la votación por un margen estrecho. Un 49,42% votó a favor y un 50,58% en contra.
La ambigua exposición de ambas preguntas, y la pequeña diferencia en la votación última, la de 1995, hizo caer al gobierno canadiense en la tentación (a mi entender), de consultar al Tribunal Supremo sobre los límites de acomodar el separatismo de Quebec, con la normativa constitucional, que no regulaba nada al respecto., y el Tribunal dio una larga cambiada y contestó al ejecutivo que ni la Constitución, ni el Derecho Internacional, daban derecho a Quebec a la secesión unilateral. Pero, siempre hay un pero que pone los pelos de punta., contestó, en 1998: “Si de un referéndum con una pregunta clara se evidencia una mayoría clara a favor de la secesión, se debe abrir una negociación de reforma de la Constitución”. Algo así como las prejudiciales de Llarena al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las euroórdenes, que, le da la razón, después de 2 años de espera, con un pero por medio, que puede haber una negativa de entrega si se considera que en España existen «deficiencias sistémicas» para garantizar sus derechos fundamentales. Y aquí nos vemos buscando deficiencias sistémicas hasta debajo las “puñetas” de la judicatura de altos vuelos. Que haberla haylas. (Ya escribí varios artículos, entre agosto y septiembre del 2022 sobre las deficiencias sistémicas del estado español).
Dos referéndums unilaterales que el Tribunal Supremo de Canadá consideró ilegales, pero no hubo un procés, ni condenados, ni rebelión, ni sedición, porque el proceso político no se judicializó, ni hubo ningún Llarena, ni Marchena, ni un Deep State, que jugara a vencedores y vencidos, en nombre del imperio del Minotauro.
Muy poco después de la publicación de la Ley de Claridad federal canadiense (en el 2.000), los de Quebec, más quemados que los palillos un churrero, sacaron la versión contraria en el parlamento provincial (Assamblée Nationale), con ideas muy distintas de las federales.
Así que, lo que aquí, en Cataluña, intentan colarnos como “ejemplo” de negociación con el ejecutivo más progresista que haya habido y que habrá, es más turbio que el vino gallego, y sin enfriar, con lo bien que entra fresquito. ¡Manda güevos!
Y esa es la madre del cordero. Negociar y negociar que la pregunta sea clara y sin artificios, pero con un apartado para que todos digan lo que interesa a una parte. Porque es la Cámara de los Comunes del Canadá la que puede decidir la pregunta del referéndum en Quebec.
Y llegando a este punto, el pasado mes de septiembre de 2022. El tal Aragonés, se saca de la chistera una especie de “conejo”, llamado “Acord de Claredat”, para conseguir que el estado español, el de la “unagrandeylibre” se avenga a negociar un Referéndum, como si aquí, en la España cañí, la profunda, la del “Aporellos”, y con la sequía que llevamos, se pudiera equiparar al Canadá con Quebec, o al Reino Unido con Escocia. Y ya no digamos hablar de la vía eslovena que sólo por nombrarla al MHP Quim Torra, casi lo cuelgan de los pulgares.
Habrá que decirle a Aragonés que deje de fumar y que no nos eche el humo a los ojos, que nos empaña la vista. Y si no fuma, que mire lo que bebe, porque, para mí, se ha pasado tres estaciones y un apeadero de lo que en su día era el espíritu del 1-O. Ya sé que cree que el “Acord” es como un ejemplo de “valores republicanos” del propio Govern, el suyo, para sonrojo de los que nos sentimos republicanos, que lo suyo no tiene que ver con la “República catalana” del 14 de Abril del 31, después de dejar claro junto a su `presidente Junqueras la renuncia a la declaración unilateral de independencia. Cosa que, hasta ahora, es la única vía de conseguirla, por mucho que le de vueltas a la chistera. Que la idea de un referéndum pactado, al estilo canadiense ya lo señaló un pope de Ciudadanos, Francesc de Carreras, allá por el 2012, sabiendo que la insistencia en pedir la “separación” es “utilizar los procedimientos previstos en nuestro Estado de derecho”, palabras suyas. Y es un intento fallido, que tuvo su foto en la Casa de los Leones en 2014, por 299 votos contra 47. Según Barbeta (ElNacional. 16/04/2023):” no era una cuestión de mayorías, o minorías, ni de legalidad constitucional, era y es una cuestión de estado y el Estado no está dispuesto a ceder su dominio”. Y la propuesta del Acord de Claredat parece ser un “hablar por hablar”. Ni con un nuevo Estatut, ni con modificación de la Constitución del 78. Yo diría como el Quijote: “Cuan largo me lo fiais, amigo Sancho”.
Y si para conseguir algunos puntos de descuento para futuras negociaciones, mientras sigue apoyando al Ejecutivo español, se monta un “Consejo Académico de Claridad” donde entre los “expertos” que han de definir la hoja de ruta para hacer una propuesta al Estado, como una tal Astrid Barrios, politóloga, que siempre ha estado en contra del independentismo, la que durante 2017 decía que el referéndum de independencia era violento porque no respetaba la mayoría ni la legalidad y dijo que era una imposición, es como poner al zorro a guardar las gallinas. Tanto que hasta el jurista Josep Costa ve “una estrategia para neutralizar un referéndum e impedir la independencia”. También, señala: “Ahora, Cataluña entra y sale de la agenda política española cuando interesa a los partidos españoles, pero no cuando interesa a los partidos catalanes”. Y es que los republinárquicos se ufanan de haber acabado con el conflicto catalán, por medio de la “Mesa de Negociación” y los indultos a los procesados por el 1-O.
Una observación: Junts, PSC y la CUP se han desmarcado de la jugada y critican que Aragonés tire adelante por un camino que el Parlament ya ha rechazado. Pero si ERC, que gobierna, dice que adelante, que esa es la democracia que guía a su partido, quien soy yo para decir que todo esto lo veo turbio, turbio, turbio.