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La introducción de esta nueva Inquisición fue bastante compleja debido al contexto social, económico y político en que se desarrollaba todo este proceso fundacional. Pero el proyecto de implantación ya estaba decidido por parte de Fernando II.
Hemos visto anteriormente que los intentos de establecer una Inquisición en Castilla habían fracasado y que en Cataluña aun quedaba un inquisidor, Joan Comes.
Cuando Narbona dice que la Inquisición española moderna nació en Castilla bajo la potestad de los Reyes Católicos y en 1483 se desplegará a los territorios de Aragón,[i] hay que tener en cuenta que la Inquisición ya estaba presente en el territorio catalán, aunque el conflicto de la guerra civil catalana (1462-1472) la había dejado casi sin mecanismos de actuación.
Los Reyes Católicos se decidieron a poner en marcha la Inquisición en Castilla con el nombramiento de tres eclesiásticos, a cuyo frente estaría Tomás de Torquemada, no imaginando que las conductas de estos inquisidores castellanos provocarían una oleada de violencia que sería rechazada con resistencia dentro de Castilla, propagándose posteriormente a los reinos de Aragón según se iba estableciendo.
Los comienzos de estos conflictos se sitúan en Sevilla, durante 1480, con la llegada de los inquisidores Miguel Morillo y Juan de San Martín, que al no encontrar apoyos de las autoridades locales se quejaron a los reyes, los cuales intervinieron sin conseguir allanar el camino. Narbona alude a un complot para asesinarlos donde participaron notables locales, regidores, jurados y comerciantes que intentaban defenderse del proyecto real de implantar la Inquisición, siendo los conspiradores un grupo de secuaces conversos. Unos hechos que coincidieron con el desplazamiento de arrendadores de los bienes propios, en los que un converso, Juan Hernández se hizo con el contrato de arrendamientos propios, pero tuvo que huir de Sevilla, siendo condenado por hereje y rehabilitado años más tarde.[ii] Henry C. Lea añade que los inquisidores utilizaron la amenaza de excomunión y secuestro de propiedades, para darnos la idea de que muchos conversos pensaron en la huida, pero otros más acaudalados prepararon la conjura que a pesar del fracaso, la idea de rebelarse ante la Inquisición quedó enquistada entre ellos.[iii]
En las primeras instrucciones promulgadas el 29-X-1484 para guiar a los integrantes de la Inquisición, había un enunciado que alteró la visión que los señores tenían de sus intenciones cuando se sintieron presionados a prestar ayuda a los inquisidores y en caso contrario se procediese contra ellos, y muchos de ellos sufrieron penitencias, “produciendo la humillación y el sonrojo de los señores vasallos”; dejando al arbitrio de los inquisidores de todo lo que nos constase en los preceptos.[iv]
FORT i Cogull precisa que la continua actuación de violencia, por parte de los delegados inquisidores, propagó el terror entre la población conversa, hasta el extremo que el propio Papa tuvo que recomendarles a los Reyes, en una carta fechada el 29-I-1482 “que los inquisidores practicasen el oficio con más humanidad”, y se sintió tan incómodo que reaccionó intentando demorar el proceso de organización que los Reyes Católicos se empeñaban en poner en marcha, aunque ante las discrepancias argumentadas por Fernando II tuvo que modificar su actitud y avalar el proyecto de los monarcas.[v]
Narbona indica que desde 1480 a 1483, a causa de estas prácticas, las relaciones entre la monarquía y el papado fueron muy tensas. Sixto IV se resistía a autorizar al Rey Fernando la extensión de la Inquisición a los reinos de la Corona de Aragón, el cual lo presionaba desde finales de 1481.[vi]
Y es en estos reinos de la Corona de Aragón donde se pueden encontrar mayor proporción de prácticas inquisitoriales que traspasaron el ámbito religioso, creando situaciones políticas y sociales que sirvieron a las instituciones locales para argumentar el rechazo a que la Inquisición se asentara en sus demarcaciones, al igual que sucedía en otros lugares por donde se establecían los inquisidores, lo mismo que había ocurrido en Sevilla en los años 1480 a 1482.
En julio de 1484, los jurados de Valencia elevaron un memorial de agravios (greuges) a la realeza por los contrafueros que la nueva Inquisición creaba, también les enviaron embajadores, los cuales no fueron recibidos, al tiempo que el Rey contestaba devolviendo las culpas hacia ellos por actuar obstruyendo la actividades religiosas.[vii]
Contreras destaca que el sistema constitucional y foral de los reinos de la Corona de Aragón era hostil a los procedimientos inquisitivos del Santo Oficio. Un tribunal situado al margen del derecho penal aragonés que se escudaba tras su carácter “eclesial-sacral”, para superar los obstáculos que las jurisdicciones de cada reino levantaban y que la constatación de irregularidades procesales marcadamente antiforales dejaba claro a los Diputados, embajadores ante el Rey, las connotaciones políticas de la nueva institución.[viii]
Unos territorios donde las constituciones y fueros formaban parte de un gobierno y que chocaban con la idea de jurisdicción universal que se atribuía al Santo Oficio.
Llegado a este punto, es comprensible que el establecimiento de la Inquisición moderna en Aragón y, especialmente en Cataluña, fuera más complejo que lo acontecido en Castilla.
La hostilidad hacia la Inquisición, tanto en la Corona de Castilla como en la Corona de Aragón, tiene sus raíces en las nuevas particularidades de sus métodos: la pena de muerte, el uso de la tortura, el secreto de la identidad de los testigos, la humillación pública y las restricciones a la defensa de los acusados.[ix] Pero, en Aragón, la argumentación tuvo un fundamento más sólido por lo que tenía el tribunal de injerencia en el entramado jurídico de sus reinos y Principado.
Desde la Corona de Castilla, al igual que una mancha de aceite, el rechazo y la ofensiva se iban extendiendo hacia los reinos de la Corona de Aragón y, dentro de ella, en Cataluña. Un rechazo que seguía la huella de los inquisidores, ya que con sus procedimientos favorecían un entorno lleno de sospechas donde se instalaba el terror. Un terror que provocaba rechazo en la población, invadiendo las competencias de las instituciones públicas que vieron sus jurisdicciones dominadas por una organización que tenía unas normas tan ambiguas que no discernían cuáles eran sus límites.
Los conflictos fueron subiendo de tono debido a las actuaciones de los inquisidores en el ejercicio de sus funciones, especialmente se regían por unas instrucciones, promulgadas en Sevilla el 29-X-1484, que dejaban al arbitrio de los inquisidores aquello que no estaba reglamentado ocasionando choques antiforales.
Torres de Castilla lo confirma, diciendo que “no hubo provincia de la monarquía desde Zaragoza a Valencia, pasando por Sicilia, Cataluña, Mallorca y Cerdeña que no respondiera con asonadas, crímenes y asesinatos a esta implantación inquisitorial”[x].
Todo ello fue originando una hostilidad que se transformó en ofensiva, creando momentos de tensión entre las instituciones religiosas y civiles que veían a los inquisidores como unos agresores a sus fueros, privilegios y constituciones, que ponían en peligro sus libertades. Sin embargo, los principales afectados de las persecuciones eran los conversos que, aunque en minoría, estaban presentes en los estamentos políticos de la ciudad y de las Corts
Hay múltiples ejemplos de esta ofensiva en la que se daba paso a una lucha de poderes, donde la Inquisición competía con ventaja al utilizar su naturaleza eclesiástica delegada por el Papa, cuando las características reales se debilitaban ante las argumentaciones de los territorios donde se establecían. La amenaza de excomunión prevalecía ante los derechos jurisdiccionales y ante cualquier razonamiento que no estuviera acorde con los objetivos de la monarquía y de la institución inquisitorial.
La extensa historiografía que hay sobre el paso de los inquisidores, por las tierras donde desempeñaban sus funciones contra la herética pravedad, da cuerpo a esta idea de ofensiva; en la que Narbona, al describirnos los hechos de Sevilla de 1480, nos da el primer detalle de la utilización de la Inquisición como un “instrumento de acción monárquica”, y también del primer complot para asesinar a los frailes,
La introducción en la Corona de Aragón tuvo su antagonismo en Teruel, una ciudad pequeña pero con privilegios, fueros, usos y costumbres como la mayoría de las grandes ciudades de la Corona. Y también con conflictos entre bandos por el control de la ciudad. La llegada, en mayo de 1484, de un inquisidor no atenuó las tensiones. Pusieron en duda las credenciales y fue acusado de no respetar los fueros del reino, y no lo dejaron entrar en la ciudad. El resultado final fue la excomunión de las autoridades locales y, en febrero de 1485, una orden real declarando fuera de la ley a todo funcionario local que no acatara a la Inquisición. La represión inquisitorial fue dirigida contra el bando constitucionalista, defensor de los fueros, pero rebelde a la autoridad real.[xi]
También en Zaragoza hubo un suceso de gran relevancia, derivado de una reyerta entre bandos rivales de la oligarquía urbana, en noviembre de 1484, con la ejecución de un personaje de la vida política que perdió el control de la ciudad. Un hecho que dio la potestad a un partido regalista que apoyaba la política real frente a los diputados, pero que con el tiempo desembocaría en un complot, donde participaron importantes personalidades y autoridades de Aragón, para asesinar al inquisidor Pedro de Arbués, en la noche del 14 de septiembre de 1485.[xii] Sesma relaciona ambos sucesos con una red de informantes entre los inquisidores de Zaragoza y Teruel sobre los cabecillas de la resistencia, incluso sugiere que tuvieron conocimiento del complot para asesinar a Arbués, siendo utilizado para dejar despejado el camino de la Inquisición en Aragón.[xiii] La violencia desatada contra los responsables fue de gran magnitud.
Las Cortes de Tarazona de 1484 no fueron unas Cortes normales, donde el rey asiste porque necesita financiarse a causa de las pérdidas económicas que arrastran sus guerras, y Fernando II no fue el primero ni sería el último en utilizar este sistema en los reinos de la Corona de Aragón, unos reinos que tenían sus fueros y constituciones propias a las que los reyes debían jurar y acatar. Las causas de la convocatoria las expuso en las cartas que dirigió a las distintas instituciones que regían cada reino.
En lo que se refiere a Cataluña hay una primera carta fechada el 24 de diciembre de 1483 dirigida a los consellers de Barcelona, para celebrar unas Cortes Generales en la ciudad de Tarazona, argumentando que tenía “negocios” con Navarra, y como era zona fronteriza con ella tenía que estar cerca. En ella hablaba de tratar de la recuperación de los condados de Rosellón y la Cerdaña. En una segunda carta del día 26, les recuerda la convocatoria y les aclara que son unas Cortes Generales ampliadas de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y el Principado de Cataluña.[xiv]
Según Kamen, para Fernando II no era necesario reunir las Cortes para obtener un medio de financiación, porque la ciudad de Valencia ya colaboraba generosamente en sus problemas económicos, y señala que la ausencia de los representantes catalanes en estas se debía a que era un “lugar tan lejano”[xv]. La realidad de esta ausencia radicaba en la presencia del inquisidor Tomás de Torquemada y en las maniobras que este hacía en paralelo con estas Cortes pero sin relación con lo que debatía en ellas. Llorente dice que Fernando II quería presentar a su confesor,[xvi] el nuevo Inquisidor General de la Corona de Aragón nombrado el 17 octubre de 1483, por un Breve de Sixto IV como inquisidor de la pravedad herética en los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña.[xvii] Pero las actuaciones de Torquemada, en los últimos meses, no fueron del agrado de los reinos de la Corona de Aragón; ya que el Inquisidor General había demostrado lo poco que le importaba la resistencia en las ciudades más importantes a los nombramientos que había realizado: en Zaragoza (Arbués) y en Valencia (Epila); ni tampoco los problemas de contrafueros que ocasionaba, considerados como violaciones de las constituciones y fueros por todos los estamentos políticos de la Corona de Aragón. Todo ello desencadenó un frente foral unido,[xviii] que consideraba innecesaria y conflictiva a esta nueva inquisición. Y las alegaciones que argumentaban no hacían más que incrementar la obsesión por implantar la Inquisición en todos sus reinos. Una obstinación real que no dejaba lugar a dudas de que su interés estaba por encima de los razonamientos jurídicos o de cualquier índole. Lo principal era luchar contra la herejía y requería ante los delegados de sus reinos que en ellos se hiciese inquisición de acuerdo con lo expresado en las bulas papales, con el fin de perseguir la herética pravedad.[xix]
Fernando II, con el nombramiento del Inquisidor general para Aragón, Valencia y Cataluña, había conseguido un gran éxito, tanto en Castilla como en Aragón, al romper las resistencias que en principio le presentaba la curia romana, aliviando las tensiones en su relación con el Papa Sixto IV.[xx]
[i] NARBONA Vizcaíno, Rafael (2007). Ibidem. p. 61.
[ii] NARBONA Vizcaíno, Rafael. (2007). Op. Cit. pp. 76-77.
[iii] LEA, Henry C. (1982). Historia de la Inquisición Española. pp. 187-188
[iv] TORRES de Castilla, Alfonso. (1863). Historia de las persecuciones políticas y religiosas. pp. 648-650.
[v] FORT i Cogul, Eufemià. (1973). Catalunya i la Inquisició. pp. 128-129
[vi] NARBONA Vizcaíno, Rafael (2007). Op. Cit. p. 84
[vii] BELENGUER Cebrià, Ernest. (2012). Fernando el Católico y la ciudad de Valencia. pp. 176-178
[viii] CONTRERAS, Jaime. (1991). Op. Cit. p. 14
[ix] KAMEN, Henry (1992). Como fue la Inquisición. pp.13-14
[x] TORRES de Castilla, Alfonso (1863). Op. Cit. p.654
[xi] NARBONA Vizcaíno, R. (2007) Op. Cit p.79-81
[xii] NARBONA Vizcaíno, R. (2007). Op. Cit. p.82
[xiii] SESMA Muñoz, J. A. (1989). “Violencia institucionalizada. […]”. p.664
[xiv] RIERA Viader, Sebastià.(1999). Cartes de Ferran II a la ciutat de Barcelona (1479-1515). Carta 51 y 52
[xv] KAMEN, Henry. Fernando el Católico. pp.39 y 69
[xvi] LLORENTE, Juan Antonio. (1997) Memoria histórica sobre qual ha sido [… ] p.99
[xvii] MARTINEZ Díaz, Gonzalo. (1998). Bulario de la Inquisición Española. p.159
[xviii] NARBONA, Rafael. (2007). Op. Cit. p. 87.
[xix] NARBONA, Rafael. (2007). Ibidem. p. 87
[xx] AZCONA, Tarsicio de. (2002). Op. Cit. p. 152
Si la ruta del dinero tiene meta en la Zarzuela, hay un plan “B” que pasa por la Moncloa. Ya que en esto salvar el culo al “Campechano” son especialistas desde antes de la Transición, o durante, o después. Qué más da. Y no miro colores ni tendencias, por muy progresistas que sean, y que cada palo aguante su vela.
Aunque las Elecciones Municipales se llevan a cabo en toda Cataluña, parece ser que es Barcelona la única que entra en el juego, dejando a un rincón las de las provincias de Lleida, Tarragona o Girona, por no hablar del resto de poblaciones, que las hay. ¡Ojo! que las hay. Pero, ya se sabe que Barcelona es el ombligo del país, no por eso la centralidad debería ser la Plaza de Sant Jaume, al estilo de la España Km. 0. Y es que, criticamos la radialidad de la Spain is different, al tiempo que imitamos su sistema de poder. Así nos luce.
Representación de la Inquisición. 1.2.- La Inquisición Moderna Española. La Inquisición moderna española que emerge en 1478 con la bula: