1.2.- La Inquisición Moderna Española.

La Inquisición moderna española que emerge en 1478 con la bula: Exigit sincerae devotionis affectus (Exige el afecto de sincera devoción), no rompe los lazos con la Inquisición nacida en el siglo XIII, aunque sí hay un variación trascendental al respecto: la medieval estaba sometida al Papa y el pretexto para implantarla era la herejía de los albigenses o cátaros, que prevalecía en la Occitania; en tanto, que en la moderna destaca la independencia de Roma y su ejercicio inquisitorial subordinado a la monarquía hispánica.[1] Una independencia aparente que en ningún momento ha quedado confirmada como tal, siendo sólo una delegación del Papa a los Reyes Católicos, que la fueron moldeando a sus proyectos de unificación religiosa y política. O como dice R. García Cárcel, “el regalismo monárquico y la nacionalidad castellana”.

Hay escritores que plantean que la idea original sobre la creación de un tribunal inquisitorial, antes de 1478, fue instigada por frailes dominicos. El exsecretario del tribunal de la Inquisición, J. A. Llorente, menciona a fray Felipe de Barberis (inquisidor siciliano), que explicaba a los Reyes Católicos las ventajas de un tribunal de la Inquisición, o fray Alonso de Ojeda, que les exponía el caso de un caballero de la familia Guzmán que descubrió una “perversidad” en casa de un judío, y el obispo Nicolás Franco que apoyaba la existencia de un proyecto de tal envergadura.[2] También suscribe esta misma idea el escritor Torres de Castilla, remarcando que el rey Fernando no necesitaba ser persuadido para un proyecto que ya hacía tiempo planeaba. [3]

LLorente apunta que la reina Isabel “suspendió la ejecución de la bula” de 1478, porque no estaba por la novedad, en tanto, que el Rey y el Papa seguían empeñados en implantarla. Los entresijos de la Corte, el nuncio de su Santidad y los dominicos maquinaron para que la Reina accediera y el 17 de noviembre de 1483 se nombraron los dos primeros inquisidores[4].

Observando el entorno de Isabel la Católica y su participación muy activa en la reforma de monasterios y conventos, la vemos rodeada de personajes religiosos, como su confesor y consejero Hernando de Talavera, y políticos muy influyentes, tanto en la política real como en la política religiosa, que podían mediar ante una reina joven con una obsesión por la unidad religiosa de los reinos de Castilla y la Corona de Aragón,[5] para persuadirla.

El rey Fernando II, colaboró con la Reina en la expansión de la institución por los reinos de Castilla, pero su interés de implantarla los reinos de la Corona de Aragón tenía una dificultad añadida: todas las autoridades reales y eclesiásticas debían respetar las constituciones y fueros de estos reinos. Mientras tanto, Sixto IV desconfiaba de los cambios que introducía la monarquía hispánica para controlar la jurisdicción eclesiástica y, sobre todo, del obstinado empeño en obtener potestad de nombrar prelados a personas capaces cercanas a ella, concediéndoles una especie de vicariato regio, donde se combinaría la facultad papal y la real, y por ello ralentizaba la premura que los monarcas pedían al proceso de implantación, tanto de la reforma religiosa como de la Inquisición.[6]

García Cárcel hace una acertada gradación sobre la actitud del papa Sixto IV, distinguiendo tres fases en el período fundacional del organismo: a) del 1-XI-1478 al 29-I-1482, donde las pretensiones del papado y la monarquía discrepan, como consecuencia de la interpretación particular que hacen los reyes Católicos sobre las prerrogativas conferidas en las bulas pontificias; b) del 29-I-1482 al 23-II-1483, las tensiones del período anterior se transforman en rechazo del papa invalidando parte de las concesiones autorizadas; c) del 23-II-1483 a 17-X-1483, donde las presiones y maniobras de Fernando II acaban con la resistencia papal. “El rey ha ganado”.[7] Y refiriéndose al origen de la Inquisición moderna, dice que fue “un nacimiento difícil, lento y complicado”. [8]

2.- Realidades políticas y sociales en el período fundacional de la Inquisición

Para comprender el proceso de la Inquisición moderna española es pertinente hacer un esbozo del escenario político y social que había en Castilla y en Aragón, especialmente en Cataluña, a partir de 1469 con la unión de las ramas de la casa de los Trastámaras. Isabel heredera de Castilla y Fernando heredero de Aragón acceden al trono de las respectivas coronas.

Castilla, venía de una revolución nobiliaria entre los años 1462 y 1464, en los que Enrique IV tuvo que ceder al llamado Manifiesto presentado por la oligarquía nobiliaria. También en el sur se enfrentaban las grandes casas nobiliarias para controlar Andalucía.[9] En junio de 1465, Enrique IV fue depuesto de forma simbólica por incumplimiento de acuerdos pactados.

Cuando Isabel fue proclamada reina tras la muerte de su hermanastro Enrique IV, la sociedad castellana no parecía muy pacificada. Desde 1474 hasta 1479 estaba en pugna con Portugal, al tiempo que vivía una guerra civil entre los dos grupos de nobles que apoyaban a cada una de las pretendientes al trono: Isabel y su sobrina, Juana la Beltraneja. También en la Iglesia castellana había dos frentes: uno en torno al obispo de Burgos, contrario a Isabel, y otro al lado del arzobispo de Toledo que mantenía una actitud incierta antes los nuevos monarcas.[10]

También había el temor de invasión francesa por Hendaya, en marzo de 1476, en Guipúzcoa. O la llamada revuelta Irmandiña que se llevó a cabo en Galicia entre 1467 y 1469, provocada, en principio, por las malas cosechas y los abusos de la sociedad nobiliaria apoyada por la Santa Hermandad (Santa Irmandade do Reino de Galicia), aprovechando el vació político dejado por la guerra civil castellana.[11] Y otro conflicto bélico en Galicia, en 1478.[12] También, una “segunda guerra hermandiña” en 1486.[13]

La crispación y violencia en Andalucía, no sólo sucede entre los linajes de Rodrigo Ponce de León y el duque de Medina Sidonia, sino también de cariz anticonverso que requirió la presencia de los reyes Católicos durante un año y medio para conseguir pacificar la situación.

Junto a estos problemas estaban los sociales, ocasionados por las malas cosechas de trigo en 1475, seguida de una sequía muy importante en otoño de ese mismo año.

Todas estas agresividades parecen ir aminorando en el último cuarto del siglo XV y transformándose en hostilidad hacia los judíos convertidos al cristianismo, llamados cristianos nuevos o conversos, acusados de seguir practicando la ley de Moisés, son los judaizantes.

Mientras tanto, en Cataluña los conflictos políticos y sociales también tienen su marco. Una guerra civil, de 1462 a 1472 de gran complejidad, con tres frentes: a) el conflicto social en forma de rebelión entre campesinos y señores, es la primera revuelta de remensas. Un problema de remensas cerrado en falso, que no podía resolverse del todo y que en los años siguientes serían las víctimas de la represión que la guerra arrastró tras de sí;[14] b) enfrentamiento político entre la monarquía y la aristocracia del país, representada por la oligarquía nobiliaria, burguesía y la Iglesia, asociadas a la Diputació del General, el Consell del Principat y el Consell de Cent, a causa del incumplimiento, por parte del Juan II, de la Capitulación de Vilafranca de entrar en el país sin el permiso de estos estamentos; y c) un conflicto social y político en la ciudad de Barcelona, una lucha por el ejercicio del poder entre la BIGA y la BUSCA. Tres frentes diferentes que configuran dos bloques. Por un lado, el Rey, los campesinos de remensas y la BUSCA; y por otro, la Diputació del General, la aristocracia de los señoríos feudales y la BIGA. Y cada uno haciendo la guerra por su lado.

En 1478 muere Juan II y le sucede en el trono su hijo Fernando (el Católico) que hereda, no sólo un trono, sino un territorio disperso formado de distintos reinos independientes, y sus propias instituciones; inmerso en múltiples conflictos.

Dos Coronas: Castilla y Aragón, con dos maneras diferentes de gobierno: a) la Corona de Castilla es del tipo de monarquía absoluta real: una forma política autoritaria, donde el monarca tiene todo el poder ejecutivo y se auxilia de las Cortes, aunque la facultad de legislar está más desvinculada del control de las Cortes;[15] b) la Corona de Aragón entra en lo que los historiadores denominan “estado segmentado” o “monarquía compuesta”, donde hay distintos reinos regulados por diferentes sistemas institucionales. En el caso de Cataluña, es el pactismo uno de los fundamentos principales de las Corts Generals, donde el rey se reúne con los tres brazos (braços) o representantes estamentales del reino: el militar, representado por la nobleza; el eclesiástico, presidido por el arzobispo de Tarragona; y el real o ciudadano, formado por patricios o ciudadanos honrados, mercaderes, profesionales liberales y menestrales. El monarca no puede sancionar leyes generales sin la aprobación de estos representantes.[16]

[1] NARBONA Vizcaino, Rafael. (2007). Tolerancia y fundamentalismos en la Historia. p. 61.

[2] LLORENTE, Juan Antonio. (1841). Op. Cit. p. 119

[3] TORRES de Castilla, Alfonso. (1863). p. 633

[4] LLORENTE, Juan Antonio (1841). Op. Cit. pp.114-115

[5] RUIZ-Domenec, José E. (2014) Isabel la Católica o el yugo del poder. p. 90

[6] AZCONA, Tarsicio de. (2002). Op. Cit. p. 182

[7] GARCÍA Cárcel, Ricardo. (1976).Orígenes de la Inquisición española. p. 39.

[8] GARCÍA Cárcel, Ricardo (1998). Op. Cit. p.154.

[9] NARBONA Vizcaíno, Rafael (2007). Op. Cit. p. 75-76

[10] AZCONA, Tarsicio de. (2002) Op. Cit. p.102

[11] BARROS, Carlos. (2006). Lo que sabemos de los irmadiños. pp. 36-38

[12].AZCONA, Tarsicio de. (2002) Op. Cit. p. 104

[13] VAL Valdivieso, Mª Isabel de. (2005). Conflictividad social en la Castilla del siglo XV. p. 1034.

[14] SABATÉ i Curull, Flocel. (2004-2006). Catalunya Medieval. La Catalunya Trastàmara. pp. 414-418.

[15] ÁLVAREZ Palenzuela, Vicente A. (1991) “La Corona de Castilla en el siglo XV”. p. 79-80.

[16] SIMON i Tarrés, Antoni. (2004-2006). “Catalunya dins la Monarquia hispànica dels Reis Catòlics i dels primers Àustries. Les dificultats de l’encaix constitucional.” pp. 470-471