La dignidad democrática puesta en tela de juicio por un Estado que balbucea sus primeros gestos democráticos, por medio de un Tribunal Supremo, creado, formado y elegido para defender el Estado dejando la independencia judicial en el parking de la división de poderes. Hecho confirmado por Cosidó, portavoz del PP en el Senado, presumiendo de: “Y además controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás y presidiendo la sala 61”. Desde este prisma el caso está visto para sentencia, juzgado y condenado. Si no, a que se debe el interés del PP y C’s, de negar la amnistía de los procesados, cuando esto sólo ocurre después de sentenciados y si se acogen los propios condenados.

Comienza el juicio político, donde unos representantes públicos, elegidos por el pueblo catalán, se sientan en el banquillo de los acusados porque pusieron urnas para depositar papeletas. Votar es el principio de una democracia. Y la autodeterminación es un derecho reconocido por la ONU y por diversas sentencias del Tribunal de DHEU. Pero eso, las leyes españolas y sus intérpretes, se lo pasan por el arco del triunfo después de hacerlas propias.

Un proceso abierto por denuncia de VOX, partido extraparlamentario, de ultraderecha, y que campea revoloteando una bandera con el aguilucho anticonstitucional, pero abrazado a la Constitución como si fuera la Biblia. Y un PP y su banda de delincuentes, que se lo apropian, lo afinan, lo alimenta con desechos de las cloacas del Estado y lo perfilan como un proceso a la democracia, porque un Parlament tuvo la decisión de debatir la autodeterminación y plantear una República.

Para ello, se reinventa el delito de rebelión, donde la violencia ejercida contra los acusados se convierte en violencia de las víctimas.

Para la fiscalía: “se movilizaron murallas humanas contra la acción policial”. “Los hechos violentos que se produjeron el 1-O no se han de atribuir a la policía sino que se movilizó a miles de ciudadanos para que, como muros humanos, impidiesen la legítima función judicial” y de camino “proteger las urnas”. Y critican la actuación de Alemania por: “Convertir una orden europea de detención en una orden europea de enjuiciamiento”

En tanto que la acusación popular ejercida por la ultraderecha, lo más importante en su primera intervención es reclamar la retirada de simbología política como los lazos amarillos” y que: “la libertad es un derecho a hacer lo que la ley permite”. Igualito, igualito que en los años 70: huelgas prohibidas, manifestaciones prohibidas, reuniones prohibidas… pero se hacían… para conseguir un cambio…. Y muchos presos políticos entre rejas.

La abogacía del Estado, dice que:”Estamos celebrando un juicio penal con todas las garantías” y que eso de apelar a la ley europea de derechos humanos queda en un intento de sacar los trapos sucios por la ventana y que los vean desde fuera. Lo cual contradice lo dicho por el presidente del Tribunal a VOX, que tenía dos sentencias internacionales sobre llevar simbología en el juicio.