Noticias para reflexionar, o no
La OMS es tan sensible que anda afinando el vocabulario para evitar comentarios racistas o estigmatizadores. Ahora le toca a la “viruela del mono”. Le llamará “mpox” que es como “Monkeypox”, pero abreviada. Es una forma de taparle el nombre al mono por el de monkey, que es lo mismo, pero en inglés, que queda más fino. ¡Para mear y no echar gota! Dicen que así, se evita ofender a cualquier grupo cultural, social, nacional regional, profesional o étnico, ya que hay países y “personas” que se quejaron. Lo cual no quita que se hayan confirmado más de 81.000 casos en un centenar de países (España con 7.500, de los que 2.143 han sido en Cataluña). ¡Bien por la OMS! En lugar de financiar más vacunas, es más fácil cambiarle el nombre a la enfermedad y ¡santas pascuas! Atrás queda aquello de las “vacas locas”, la “gripe aviar”, la “fiebre del loro”, la “gripe porcina”, la “gripe española” que se sitúa en Francia (1916), o China (1917) incluso en la base militar de Fort Riley-EEUU (1918), más que probable, pero a ver quién le pone el cascabel al gato y dice que es de los yanquis, etc.
Peor lo tenemos en casa, en Catalunya. Los tribunales (TS y TSJC) persiguen los manifiestos de las universidades catalanas, porque han descubierto que se habla de cuestiones políticas e ideológicas. ¿Y de qué van hablar, del sexo de los ángeles? A veces pienso que se quiere hilar tan fino que se rompe la conexión de las neuronas de estas mentes judiciales. Si mal no recuerdo, las universidades son los centros donde se debate cualquier tema que pueda ser de interés para desarrollar la capacidad intelectual de los estudiantes. Argumentan que, son ajenas al objetivo y funciones de la universidad y que dividen a la ciudadanía. Este es un mantra que viene de lejos, en Cataluña, extendido desde las “cavernas” ideológicas del unionismo o seguidores del 155. Esta vez, la cuestión en litigio, puesta en el manifiesto de la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) es el rechazo a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a más de una treintena de líderes del procés a causa del Referéndum del 1-O. Como si los profesores no pudieran hacer uso de la libertad de expresión en sus propios claustros, llegan las “puñetas”, y ponen su mazo justiciero encima de los manifiestos para anularlos. Como esto siga así, volveremos a tener un comisario político en las aulas para que nadie se salga del guion establecido. Por cierto, este Tribunal de Cuentas, tiene en su nómina a más de cien familiares de la élite política y no es un tribunal de justicia.
Como colofón de las noticias para reflexionar, esta última es interesante.
La organización WORLD JUSTICE PROJECT (WJP) (Proyecto de Justicia Mundial), que se dedica a sacar los colores a los países que se mean fuera del tiesto, en eso de los derechos humanos. Son un grupo de investigadores, académicos, profesionales y líderes comunitarios de todo el mundo, que analizan 8 factores:
1) Restricciones a los poderes del Gobierno. Es decir, hasta qué punto los gobernantes están obligados por la ley. Incluyendo controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno. El del ejecutivo. Y no sólo ponerle las orejas calientes en eso de que llaman Control del gobierno en la Casa de los Leones. Que después de los últimos” desencuentros”, parece, más bien un gallinero alborotado, donde los presuntos gallos llevan la cresta azul, ¿o son gaviotas?
2) Ausencia de corrupción. Considerando tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y, apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Estas tres formas de corrupción se examinan con respecto a los funcionarios del gobierno en el poder ejecutivo, el poder judicial, las fuerzas armadas, la policía y la legislatura. ¡Ojo! Que la corrupción de los inviolables, aún no la tienen en la lista, pero como siga haciendo ruido, pronto la veremos incluida.
3) Gobierno abierto. O lo que es lo mismo de ver como un gobierno comparte información. Se supone que aquí no entra la directora del CNI, cuando cierra la boca ante la comisión del Parlamento Europeo y se niega a hablar de Pegasus, del Catalangate y las 65 personalidades catalanas. Donde esté una comisión de secretos oficiales que le quiten lo “bailao”. Y menos si es para declarar ante los eurodiputados donde están los “malévolos” indepes de Waterloo. También se evalúa la calidad de la información publicada por el gobierno. Digo Gobierno, no cloacas y medios de la caverna. Que después entendemos lo que entendemos.
4) Derechos fundamentales. Reconoce que un sistema de derecho positivo que no respeta los derechos humanos fundamentales establecidos en el derecho internacional es, en el mejor de los casos, “estado de derecho” y no merece llamarse sistema de estado de derecho. Este párrafo parece sacado de un comentario de Rajoy, pero yo lo dejo tal cual. Aunque este factor se centra en un menú relativamente modesto de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas. de Derechos Humanos y están más estrechamente relacionados con el estado de derecho. Algo así como las interpretaciones de Llarena y su corte de “puñetas” en el intríngulis contra los exiliados: Puigdemont, Comín y Ponsatí. Y al Gonzalo Boye que lo llevan por el camino de la amargura con lo del blanqueo del narco. Habría que preguntar a Feijóo si ha oído algo en sus paseos en barco con amigos de la “farina”. ¡Uy! Perdón que me estoy escorando a estribor.
5) Orden y seguridad. Este punto viene como anillo al dedo, ahora que está caliente la modificación del art. 557 del Código Penal. Aquí se mide como una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad. También es una condición previa para la realización de los derechos y libertades que el estado de derecho busca promover.
6) Aplicación reglamentaria, o cumplimiento normativo. Mide el grado en que las regulaciones se implementan y se hacen cumplir de manera justa y efectiva. Las regulaciones, tanto legales como administrativas, estructuran los comportamientos dentro y fuera del gobierno. Algo así como hacerle un test de calidad a la implementación y hacer cumplir las regulaciones, al gobierno. Con que cumpliera con el reparto de los presupuestos a las CC.AA’s, sería como darse con un canto en los dientes. Y del Corredor del Mediterráneo, sería la releche, si es que saben por donde discurre este corredor. Al final lo harán pasar por los Monegros, porque por el puerto del Escudo sería demasiada desfachatez.
7) Justicia Civil. Mide si la gente común puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil y si son accesibles y asequibles y si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras injustificadas y si las decisiones se ejecutan de manera efectiva. Sin reírnos porque esto es serio, no contemos las listas de espera para un simple juicio, que te puede tardar un par de años, como muy pronto. Y los que recurren al TS y al TC, como sean del procés, lo tienen claro. Hay recursos que duermen en el cajón de los olvidados hasta que la prensa les saca el polvo y en Europa se enteran.
8) Justicia penal. Se evalúa la eficacia de esta justicia, que es clave del estado de derecho y cómo se reparan agravios y se emprenden acciones contra las personas por delitos contra la sociedad. Y aquí se incluyen a la policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios penitenciarios.
Este año, al país de la “democracia plena” del gobierno más progresista de la historia de la “Spain is different”, le han bajado dos puestos hasta el 23 de 140 países estudiados en este ranking, con una puntuación media de 0,73. Siendo las más bajas: Justicia civil con 0,66 y Justicia penal con 0,68. Ahí lo dejo.