La justicia española está que lo peta
El problema independentista está llevando al Estado español al “filo del nervio”. Su incapacidad para negociar con los catalanes es tan palpable, que se echa a un lado para dejar pasar a las fuerzas del “A por ellos”, alentada por el discurso “irreal” del Preparado” el 3 de octubre del 2017. Un discurso que liberó a la “unagrandeylibre” para emplearse a fondo contra todo lo que significaba independencia de Cataluña, contra el Govern de la Generalitat y su Parlament y contra todo lo que suponga “romper España” aunque ésta esté rota desde que el espíritu del 78 jugó a ser demócrata y creo un esperpento llamado “Transición”. No importando los medios para cumplir con el objetivo de mantener la “unidad de la patria” ante todo. Lo de la democracia ahora no toca. Y esto pasa en un Estado donde su “emérito” jefe de filas tenía dos barcos con el nombre de: ”Bribón” y “Fortuna” para dejar pistas de por dónde iba eso de la monarquía ¿Lo pillas?
Así que la cola del 155 sigue clavando el aguijón de la venganza del Minotauro centralista, representado, esta vez, por el “poder judicial” en funciones de lacayo político del sistema. Y esta semana ha roto el molde de la cordura jurídica y se ha salido de madre para seguir haciendo más de lo mismo. Aplicar el derecho penal del enemigo.
En un principio fue la Audiencia Nacional, heredera el Tribunal de Orden público (aquel triste y famoso TOP, donde su “policía política y patriótica” torturaba dentro de la normalidad franquista) ha puesto en la picota a la diputada de JxCAT, Laura Borrás, que ya veremos si el informe fiscal elaborado por la Sindicatura de Cuentas, no está afinado, o sí. Que eso de ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), no es bien visto, a toro pasado, por los guardianes de la “unidad” y, si después es Consellera de Cultura de la Generalitat y a continuación portavoz de su grupo parlamentario en la Casa de los Leones, es una pieza muy apreciada para advertencia al indepe. Y había que buscar un motivo: prevaricación, malversación o falsedad de documentos públicos, por una cantidad de 260.000€ dividida en trece “contratos menores”, y entre cinco adjudicatarios, en el período 2015-2017 ( en 3 años). Lo que la Sindicatura no dice es que el objeto de los contratos es diferente, por lo que no hay fraccionamiento en las adjudicaciones, como mantiene el ILC. Todo ello no llega ni al importe de un regalo del emérito a alguna de sus “amigas”. Pero no es lo mismo corrupción institucional que independentismo, lo uno es delincuencia “inviolable”, lo otro es política, y a veces, la “justicia” confunde el terreno donde pisa.
Le sigue el TS bajo la batuta de Marchena, cabalgando de nuevo para fustigar cualquier beneficio que los condenados en el procés del 1-O pudieran tener, al hilo de las reglas de las Instituciones Penitenciarias catalanas, ¡Ojo! Las catalanas. No como en el caso de los fascistas que entraron con violencia en la librería Blanquerna, en Madrid, a los que se les ha rebajado la pena, porque ellos no representan peligro al “Todo por la patria”, y, además, no existe agravamiento de discriminación ideológica. ¡Tócate lo que no suena! y como el movimiento independentista catalán está muy cargado de ideología republicana que, eso es lo que jode al personal de las puñetas togadas, porque cuestiona la monarquía. Y otras cosas.
A continuación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), inicia el juicio a los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya, por permitir que el Parlament realice su tarea de representar al pueblo. Y aunque se les acusa de desobediencia, y no de sedición como a la Presidenta Forcadell. La Fiscalía da bandazos y pantocazos contra las olas independentistas para conseguir pescar en mar revuelto.
Un proceso judicial contra los representantes independentistas, legalmente elegidos por el pueblo catalán, donde se ve asomar otra de sus cabezas, la Hidra del “Deep State”. Aunque la pieza más deseada del juez de la toga con “puñetas” es la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ya fue sentenciada y condenada, por sedición, a 11 años y medio de prisión, por su simbolismo como expresidenta de la ANC y como presidenta del Parlament, pero quedaba un resto para sentar en el banquillo.
Lo curioso de este proceso es que, el juicio habría de ser el mismo para todos, puesto que la Fiscalía los acusaba por los mismos “hechos”, al tomar colegiadamente las decisiones. Pero hete tú que, el genio de la lámpara justiciera utilizó la espada salomónica y dividió la acusación en dos partes, a unos se les acusaba por desobediencia y la otra, por rebelión, quedándose en el saco de Marchena, que en eso de escarmentar a políticos catalanes le va más que a un tonto un lápiz. Tenía entendido, que la Mesa del Parlament sólo tenía que observar que se contemplen las formas adecuadas para la tramitación y no entrar en el fondo de su contenido. Pero parece ser que alguien togado está por encima de los representantes del pueblo, sus derechos y su inviolabilidad parlamentaria, pasándose los reglamentos de las Cámaras parlamentarias por el arco de la toga.
Porque el meollo de la cuestión radica en que la “judicatura independiente” del poder político, también quiere mojar en el mismo plato, y dijo, dijera o dijese que la Mesa del Parlament tenía que censurar y cribar todo antes de pasar al debate parlamentario. Lo que, es decir, que un parlamento elegido por un pueblo no es libre de debatir todo lo que se presente. Y estamos hablando de un estado cuya vocera mayor (Calvo) proclama a los cuatro vientos que estamos en una “plenísima democracia”. Si tú lo dices ¡Vamos apañaos!
Lo que queda claro es que se les juzgan por permitir el debate parlamentario. Por defender los derechos y libertades de los diputados. Después vendrá el “cuñao” de turno a decir que no son presos políticos. Aunque los síntomas de represión política se aprecian sin poner el termómetro de infrarrojos en la frente del Estado. ¡Oído cocina, Sr. Sánchez y gobierno progresista!
Es explicativo el término utilizado por Mireia Boya (CUP) dirigiéndose al presidente del TSJC, el juez Barrientos: “…entonces aparece la guardia pretoriana del régimen del 78 del TC y comienza a querellarse contra nosotros, la única respuesta del Estado español delante del debate público y las mayorías democráticas es la represión”.
En el trasfondo del juicio se vislumbra que los partidos de la oposición presentes en la Mesa, hicieron gala de sus artes filibusteras para frenar las iniciativas que impulsaban el referéndum. Y el fiscal defiende que “no es un juicio político, ni a una ideología”, está olvidando descaradamente que, con anterioridad, el TS, y Marchena al frente se había quedado con la figura principal de la Mesa (Carme Forcadell), que en un principio estaba en este proceso, para ser juzgada por rebelión, después por sedición, y así poder ser condenada. Y que todos los componentes de la mesa juzgados, salvo Nuet, pertenecen a partidos en el Govern de la Generalitat e independentistas. Si esto no es un juicio político…
Y por si éramos pocos, llega el juez Marchena, aprovechando que el juez de vigilancia penitenciaria de Lleida, tiene en su mesa el marrón del 100.2 para C. Forcadell, levanta el dedo tímido y pregunta a Marchena ¿Qué hago patrón? Y el patrón se frota las manos y dice que se acabó lo que se daba, o todos moros o todos cristianos y, cambia las reglas del juego, a mitad del partido, para todos los presos políticos y al infiel lo vuelve a chirona, y ahora lo deja todo en manos de que un fiscal con ánimos de hacer méritos nacionales y patrióticos, se levante por la mañana y presente un simple recurso para congelar los permisos. Y ya están en danza los fiscales con recursos contra los permisos del 100.2 de: Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Quim Forn, Josep Rull y Jordi Turull.
Hablar de los argumentos de Marchena para contrarrestar el 100.2 de Forcadell es como un diálogo de besugos. Lo que trasluce su interlocutoria es que la condenada debe arrepentirse de ser política e indepe, y renunciar a la ideología para hacer “conexión” las tareas de voluntariado con el programa de reinserción de un delito de sedición, aunque al mismo tiempo reconoce la falta de un tratamiento penitenciario específico sobre el delito de sedición. Curiosa manera de argumentar, cuando los propios jueces catalanes ven que un programa de reinserción sobre la sedición es contrario a la libertad ideológica. Y así lo confirma otro juez de vigilancia penitenciaria que indica que la “reeducación” de los presos del procés solicitada por la Fiscalía “se remite a la esfera intelectual y de asunción emocional de la persona”. Y una cuestión de tal calibre no puede ser objeto de tratamiento penitenciario. Pero como es un juez de provincia ante el todopoderoso Marchena, es como una gota de agua en el mar. Donde manda patrón, no manda marinero, y la justicia es independiente. ¿Independiente de qué?
Mientras tanto, mantiene al resto de presos políticos en un puño, que hasta que se solucione con recursos, va para largo. El sistema “judicial” apoyado por la burocracia funcionarial española es como hacer la Ruta de la Seda a pie y con muletas.
Y como la independencia judicial es muy importante, el gobierno progresista español, cierra filas con Marchena en tumbar el 100.2 de Forcadell, que era competencia de las Audiencias Provinciales, saltándose la propia legalidad. Pero para eso está el ministro de justicia, J.C. Campo, que respeta las decisiones judiciales, “porque eso da seguridad jurídica y eso en un estado de derecho es más que necesario”. Pero no dice que la Fiscalía General del Estado depende del ejecutivo, y que los fiscales van a su libre albedrío a la caza del indepe catalán.
He dicho presos políticos, porque los de las tarjetas “black”, y el desfalco de Caja Madrid por valor de 23.500M €, son chicos de orden, aunque delincuentes para parar un carro, pero eso no molesta al Estado. Que, de 14 presos, 7 ya están en libertad condicional, en casa, y otros 6, por esto del coronavirus, han ido a pasar el confinamiento a casa, eso sí, con pulseras electrónicas. Y el único que sigue en prisión es Rato, porque tiene varios procesos penales abiertos.
Y de la corona hablaremos en otro momento, que aquí no cabe el cesto de la corrupción borbónica. Porque el Estado tapa al Estado con la pinza en la nariz. O algo así.