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  • (II) LA CRISIS SISTÉMICA DEL ESTADO ESPAÑOL El poder judicial y su corte de “puñetas”

     

    Cuando el Poder Judicial se mueve en la interinidad, al más puro estilo del funcionariado español, se enroca en sí mismo, no sustituyendo los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional cuando corresponde, porque un partido (llámese PP) juega al filibusterismo en el Congreso, esperando que otras elecciones generales les de mayoría y así poder gobernar y, de camino, mantener a sus “peones de brega”, léase miembros del Poder Judicial, haciendo de la separación de poderes una “milonga” que avergonzaría a Montesquieu y a cualquiera que espera que la democracia llegue sin martingalas. Cuando surgen estas desavenencias, lo primero que pensamos es que la justicia es deficiente, o que está en crisis, a pesar de los disfraces que se pongan. Pero no se nos ocurre pensar que la corrupción, también, vive en la “cesta justiciera” como un gusano que intenta pudrir la manzana con “puñetas”.

    Es decir, si la justicia no es perfecta porque tiene fallos en la estructura y las sentencias hacen agua y se decantan por el lado injusto más que por el justo. Hasta el punto de que hay una clásica maldición haciendo su propio retrato del sistema judicial: “Pleitos tengas y los ganes”. O lo que es lo mismo, mejor no tener tratos con la “administración de justicia”. Estamos en un sistema decadente.

    Poner ejemplos de la deriva justiciera es perdernos en un laberinto de buenos y malos, y regulares. Así que, de los 5.300 jueces, más o menos que hay repartiendo justicia, se podría decir que los que hacen la labor de zapa y trabajan como pueden, porque los recursos materiales y humanos brillan por su ausencia, la cosa quedaría de la siguiente manera son más de los que esperamos, pero la imagen que dan los de “arriba” denigra su trabajo y su independencia.:

    Hablamos que de 5300 jueces, toca a 11,5 por cada 100.000 habitantes, con una edad media de 50 años. Frente a los 17,7 de media europea. Y de fiscales un 5,2% ante el 11,25% de la media europea. Un déficit de jueces y fiscales que hace de la justicia un rio desbordado. Pero no nos preocupemos que tenemos el doble de abogados, que son los que nos presentan factura para “resolver” nuestros problemas y, también, por no resolverlos.

    A todo esto, sobre los jueces, dice la CE del 78 que ”no podrán realizar actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos”. Y quien hizo la ley hizo la trampa, porque podrán desahogar sus “inclinaciones políticas”, montando asociaciones afines a sus “ideas”, y si rascamos la superficie de las mismas nos encontramos que la mayor de ellas, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ya se le ve el sesgo de conservadores, o la de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) de carácter progresista, que entre las dos han ocupado los 210 sillones de platea, aquellos que pululan con caducidad, pero “Que si quieres arroz, Catalina”. Y que mantienen la “tesis” de transparencia de los nombramientos”, de acuerdo con los “méritos” y capacidad que establece la ley. Y ¡una mie…! mira, los méritos y capacidades los señalan los partidos políticos con poder: O no nos acordamos de aquella frase entre bastidores: ”Ha sido una jugada estupenda. Controlamos la sala segunda desde detrás” O algo similar (I. Cosidó, portavoz del PP en el Senado). Eso del lenguaje coloquial los pierde.

    En cambio, hay otras asociaciones que quieren mantener una independencia de acuerdo con la dignidad que la toga exige, pero la “Puñeta Oscura”  los “vigila” para que no destapen la “Caja de Pandora” que los mantiene en el poder. Un ejemplo de ello lo tenemos en la asociación de jueces Ágora Judicial. Entre los que hay jueces expedientados por firmar un manifiesto en defensa del derecho a decidir, y que la “Razón”, prensa de la caverna, publicó sus fotos con nombres y apellidos, datos extraídos de las bases del DNI (custodiados por la Policía Nacional), pero que todavía no se sabe quién filtró la información, aunque los expedientados fueron ellos, después de la publicación en la prensa. Y son de los que no progresan en su carrera. Algo así como una lista “negra” en manos de los poderosos judiciales.

    En el caso del CatalanGate, espionaje con el programa Pegasus, mientras se dilucida quien es responsable de “espiar” a 65 personalidades del mundo independentista catalán, incluidos presidentes de la Generalitat, diputados y personas de asociaciones civiles, hay jueces que mantienen las denuncias en el “cajón” hasta que el tiempo pasa, para concluir con el rechazo de las demandas. Sobre el espionaje a Podemos, al Farsánchez y algún colega más, parece ser que va camino de perderse en el ostracismo judicial. En tanto que el estado lleva más de tres meses neutralizando el caso catalán, presionando en Europa para que no sea incluida en la investigación de la comisión creada al efecto para varios países, “Spain is different”. No ocurre lo mismo en Grecia, con un caso similar de espionaje con el programa PREDATOR, sobre el espionaje del presidente del partido PASOK-KINAL, Nikos Androulakis, y diputado, y aunque la mayoría del partido gobernante, Nova Democracia desestimó la creación de una investigación parlamentaria, la fiscalía ha metido mano en el asunto para esclarecer el tema, abriendo diligencias. No sé por qué, pero me da la impresión que lo de sistémico encaja también.

    Aunque, lo importante es controlar los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que esto lo hacen en las cámaras de representantes, en su mayoría de tres quintos, por los partidos. Que lo que hacen es “pactar” el reparto como si fuesen cromos y lo que Dios te de S. Pedro lo bendiga. Y si un partido no tiene suficiente poder, hace del filibusterismo su arma de combate. Que es lo que está pasando en la actualidad con miembros del poder judicial que llevan casi cuatro años con mandato “caducado”, y sin renovarse por no dejar que el PSOE adquiera mayoría de consejeros. Y es que son estos los que tienen el poder de nombrar a los presidentes y magistrados de sala de los tribunales superiores de Justicia y de la Audiencia. Donde los presidentes tienen voto de calidad. ¡Viva el vino! Y ¡Viva la democracia!, a la española. Demasiada politización en el poder judicial, y Montesquieu sin saberlo. Motivo por el que, últimamente, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, le ha puesto las orejas coloradas a España. Pero esto no es sistémico, como viene de las alcantarillas del sistema político anterior, miel sobre hojuelas. Según su portavoz: “la carrera judicial está desconectada de la sociedad”, también, señala que “ los jueces se han convertido en legisladores, pisando el terreno legislativo propio de los políticos” y aunque son “independientes” hay otro detalle que los marca, “la falta de imparcialidad”.

    Una última perla en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un juez es recusado por falta de imparcialidad, y lo siguiente es que el mismo juez elige al “sustituto”. Lo de sistémico va en alza dentro de la judicatura española.

    Algunos casos relevantes sobre la discordancia justiciera y sus connivencias con el poder político. El más sonado y que está en el limbo, se refiere al del rey “emérito”. Dos años en el exilio, si, si, en el exilio, esperando que los políticos, los jueces, los fiscales, la UDEF, y hasta un “cuñao” que pasa por la Zarzuela han ido al ralentí, porque la “supuesta” inviolabilidad de la ”corona” tiene un muro levantado que no hay quien salte el espino que han puesto en lo alto.

    El Juez Castro, un mirlo blanco en la justicia, el del “caso Nóos” ha dicho en una entrevista (Catalunya Radio. 03/08/2022) que: “Hoy en día, el rey podría haber sido imputado”, ya que el Tribunal Supremo (TS) está habilitado para  investigar al rey. Y continuó:”… No puede ser que todo el mundo haya estado parado para dar tiempo” “Ha estado parada la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria, todos esperando que el “emérito” regularice su situación”. Y es que, según su opinión, “desde el 18/06/2014 que abdicó, siguió “arrastrando” su impunidad de facto “No es inviolable, teóricamente, porque ha pasado el testigo a su hijo. Pero de facto lo continúa siendo”. Y termina con la siguiente “sentencia”: ”Morirá sin rendir cuentas ante la justicia”. Ahí queda, como un pequeño grano de arena por la honradez judicial.

    Y, ahora, un recuerdo sobre lo de la inviolabilidad de la corona en el crisol de la CE del 78:

    • 56.3). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2
    • 64. 1.) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
    • 2) De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

    Con dos dedos de frente, y sin ser un genio de las leyes, se puede dilucidar que al ser “irresponsable”, hay detrás otros que refrendan y se “responsabilizan” de sus actos. Pero la “omertá” está acampando por todos los espacios políticos, judiciales, policiales, mediáticos, y un largo etc. que hacen de la Constitución el primer elemento sistémico de la ley y de la justicia.

     

    (Continuará)

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