Agora de Historia y Opinión

La democracia plena deja mucho que desear.

Utilizar la palabra democracia es poner en solfa, todo lo que transcurre desde la “Ley de punto final” (Ley de Amnistía de octubre de 1977, preconstitucional), o lo que es lo mismo. Desde que la “Spain is different” se quiso subir al tren del europeísmo, por la ventanilla, sin darse cuenta que era el vagón de cola con un farolillo rojo en el culo. Pero, “a lo hecho pecho” dijeron los partidos políticos de turno que miraban el poder con la mano de visera para no salir ciegos del embate. Y es que salir de una dictadura, sin cursillos de preparación, dejaría, con el tiempo, mucho que desear. Y, a más, con un rey puesto a dedo por el padrino, para sucederle en la “jefatura”. Un “trono” que miró a los partidos como vasallos de su “cortijo”. Y todos ellos adorando a la Constitución del 78 como si fuera el “becerro de oro” que tanto enojó a Moisés y rompiera las “Tablas de la Ley”. Aunque lo único que hizo fue filtrar las leyes franquistas como un crisol y darle una pátina de “democracia” para que pasara el examen de la UE. Y así, pasó hasta que, en 1985, un tal “Isidoro” firmó la adhesión, mientras escondía debajo de las alfombras del ministerio de la cosa oscura (Interior) aquello de los GAL. Y se le llamó “entrar en democracia”, y no lo fue.

Y seguimos andando con la boca llena de “democracia plena”, como una letanía del ejecutivo “más progresista” de la historia. Incluso la exvicepresidenta Calvo le reprochaba a Pablo Iglesias: “España es una de las grandes democracias del mundo…”. Y es que, a base de repetir un eslogan, se llega a creer que es verdad por muy falso que sea.

Fue The Economist en la treceava edición del Índice Democrático, Economist Intelligence Unit, en 2020, que señalaba, utilizando diversos baremos, un ranquin encabezado por Noruega, Islandia y Suecia, con notas superior a 8 sobre 10, que ponía España, a nivel mundial, en el puesto 22, por encima del último de la lista, Corea del Sur, en la categoría de “democracias plenas”. Y a esto se agarraba el ejecutivo para sacar pecho democrático.

Pero, siempre hay algo después del pero que anula lo anterior. Ha salido un estudio realizado por seis estudiosos del tema, que desmonta los indicadores que situaban a España como “democracia plena”. Y han dirigido sus dardos envenenados sobre el The Economist (EIU) y el V-Dem Institute sueco, que colocaban el birrete democrático al estado español. Y es que no es oro todo lo que reluce.

La Revista de Catalunya ha presentado en el Ateneo Barcelonés la investigación: “Prejudici i manipulació sota l’aparença de ciencia: la dubtosa qualificació d¡Espanya com “democracia plena” i les febles fonaments dels índexs de qualitat democrática”.

Parece ser que la metodología empleada para obtener los indicadores no es tan fiable como el nombre de los patrocinadores. Una serie de “expertos” de los que se desconoce el nombre, y sin justificación de las decisiones, algunas de las cuales son opiniones glorificadas y “en el peor de los casos, en una fantástica oportunidad de manipulación en favor de preferencias políticas o ideológicas que pueden llegar a dominar la comunidad de expertos adscrita a un país determinante”.

En el Manifiesto, firmado este mes, por más de 200 profesionales, personalidades y profesorado universitario denuncian que se califique España como “plena democracia”.

• El índice de The Economist no justifica como controla los posibles sesgos de las opiniones de sus expertos anónimos.

 De V-Dem, dice que las definiciones y arquitectura de los índices son efectivamente sólidos y bien pensados. No obstante, hay poco control sobre la aplicación por los expertos de los criterios de calificación y evaluación, cosa que hace a las puntuaciones difíciles de comparar de un país a otro, o de un año a otro.

En el artículo de Berto Sagrera (en El Nacional Cat), señala que “a más represión, más puntuación” y pone de ejemplo (V-Dem) que, al inicio de la represión contra el independentismo catalán, reducía la puntuación en un 8% y, en cambio, en años posteriores que la represión aumentaba, la puntuación subía de manera constante. A esta duda del citado Institute no fue capaz de aportar “razón alguna”.

Otro ejemplo lo tenemos en la comparación con Hungría. Hungría y el estado español tenían el año 2017 el mismo nivel respecto a los derechos humanos y civiles, pero para el EIU España estaba muy por delante en cualidad democrática.

Otra comparación es con Bélgica, que “con los datos objetivos se encuentra por delante del estado español en materia de Derechos Humanos, pero The Economist, sitúa a España por delante de Bélgica a pesar de que los líderes independentistas se hayan exiliado para no estar expuestos a los abusos de la justicia española”.

Para los firmantes del manifiesto, la conclusión es que la investigación cuestiona la objetividad de los índices, que están sobrevalorados por sus “expertos”. Y que hay un sesgo subjetivo en los índices. Las numerosas violaciones recientes de los derechos humanos en España son incompatibles con el calificativo de “democracia plena”.

No hay que ir muy lejos para ver la “colleja” que el TJUE a dado a España, tumbando la declaración de bienes en el extranjero. Declarando la ilegalidad de la legislación española que obliga a declarar los bienes en el extranjero, a través del modelo 720, por considerar que las sanciones y las multas que impone son “desproporcionadas” y menoscaban la libre circulación de capitales en la Unión Europea: “La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión”.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha rechazado las recusaciones de Puigdemont, Ponsatí y Comín, sobre la incorporación, a propuesta del PP, de Enrique Arnaldo y Concha Espejel, argumentando que hay “malicia” y “mala fe” en los recusantes que, pretendían dejarlos en cuadro de efectivos e impedirlos resolver. ¡Vamos! Algo así como que las recusaciones alteran la pluralidad que el tribunal debe tener por definición. En resumen, que son cuatro y el apuntador y el equilibrio ideológico progresista-conservador se puede ir al “garete”.

El artículo de Elisa Beni: “Catalans: us-ha-to-cat” (26/01/2022. ElNacionalCat) lo deja clarísimo. Que la justicia española va por un lado y la democracia por otro. Y termina el artículo con: “No és maldat, és prevenció. Tha-tocat”.